El pasado 16 de marzo el gobierno del Presidente Petro, a través de su ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó el proyecto de reforma laboral, iniciativa que ha desatado discusiones y debates alrededor de su eventual impacto, a pesar de que, contrario a lo que viene sucediendo con la reforma a la salud, pareciera que está más concertada y su aprobación en el Congreso de la República no se entreve tan tortuosa.
Precisamente, un aspecto sobre el que se ha centrado la discusión son las medidas que la reforma trae para beneficio de las mujeres, pues tras el paso de la pandemia del Covid-19, esta población sufrió un golpe más duro frente al acceso al mercado laboral, la brecha salarial y la sobrecarga del cuidado no remunerado, lo que ha generado una reactivación económica más desigual, particularmente, en las jóvenes.
Las mujeres, incluso antes de la pandemia, ya venían registrando una participación menor en el mercado laboral (en promedio, 74 % de los hombres participaba en el mercado laboral frente al 54 % de las mujeres), situación que se acrecentó después de los confinamientos obligatorios. Para el 2021, según estudios, la participación de los hombres aumentó al 76% mientras que la de las mujeres descendió hasta el 49%: es decir, la brecha se expandió. Para el 2022, entre tanto, pese a que se evidenció una ligera recuperación en la tasa global de participación de las mujeres, la brecha se mantuvo en comparación con los datos que se registraban previo a la pandemia.
No obstante este escenario tan desalentador, al revisar el articulado se encuentra que al respecto no se dice mayor cosa. Si bien la norma propuesta contempla estrategias para evitar la discriminación de la mujer por parte de los empleadores, y asegurar entornos laborales más seguros en donde no haya abusos o acosos -ambas medidas fundamentales-, las acciones necesarias para impulsar y potenciar la inclusión económica y laboral no se observan. Un capítulo especial que debería traer este proyecto es la consolidación de acuerdos, de la mano con el sector privado, para reducir la informalidad, promover la inserción al mercado laboral y eliminar las brechas salariales.
La ministra Ramírez ha indicado que los procesos de socialización se han llevado a cabo con distintos sectores, pero estos deberían ser más vinculantes y más amplios de cara al debate en el Legislativo, de forma que queden efectivamente plasmados los métodos con los cuales se va a materializar la reducción de esta problemática. Los partidos políticos, actores naturales del Congreso, tienen una ventana de oportunidad gigantesca para mejorar la reforma y presentarles a las mujeres del país una respuesta más adecuada.
