El progreso de la humanidad ha sido notable en innumerables áreas. Se destaca, claro está, el campo de las ciencias, cuyo aporte no tiene discusión. En especial, las ciencias de la salud, tanto en el aspecto físico como el mental. No obstante, pareciera que la velocidad en el conocimiento médico no estuviera acorde con el incremento inusitado de la población mundial, pues las investigaciones y estadísticas son contundentes respecto a los padecimientos y muertes, producto de múltiples enfermedades, muchas de ellas no atendidas cabalmente o sin atención alguna.
Pero la percepción cede al momento de analizar otras variables que inciden directamente en la estructuración de los modelos de salud, en la implementación de los mismos, y en la aplicación de políticas públicas que muchas veces enfrentan obstáculos insalvables. En ese sentido, es la organización política y los tipos de gobernanzas los que, en ocasiones, impiden una adecuada cobertura de salud en favor de los pueblos.
Colombia no ha sido ajena al ritmo de la evolución en materia de salud mental. Nuestro país se inscribe en la misma órbita de los países menos desarrollados que muchos políticos clasificaron como Tercer Mundo; es decir, problemas similares, dificultades parecidas y aumento dramático de las enfermedades y muertes. Pero con el agravante en Colombia de los conflictos sociales, la violencia, los enfrentamientos partidistas y la sangrienta y permanente lucha guerrillera.
Inicialmente, se habló de higiene mental, un término que acogió la Organización Mundial de la Salud y el cual identificaba el aspecto psicológico como uno de los elementos fundamentales de la supervivencia humana. Así, hasta avanzado el siglo XX durante las primeras tres décadas, pues, luego, a mitad del mismo siglo e, incluso, en la década del 60, se instaló el término de Salud Mental, el cual incorpora o designa el bienestar emocional, psicológico y social del ser humano.
Pese a los esfuerzos, en nuestro país la salud mental se fue convirtiendo en uno de los problemas más preponderantes, y la razón principal hundía sus raíces en el grado de violencia que crecía en el tiempo con el agravante de otros ingredientes, verbigracia, el narcotráfico, que dispararon el espiral en detrimento de las políticas en salud. En realidad, tampoco hubo destinaciones ni énfasis suficiente en los planes de desarrollo que se sucedieron en el transcurso de los años. A lo anterior hay que agregar la nula preocupación respecto a la llamada salud preventiva que también se expresa en la atención primaria.
No hay duda que Colombia ha establecido una normatividad que, al consultarla, crea la sensación de que contamos con una política de salud mental sólida; pero, la práctica es la que determina la puesta en marcha y la concreción del amplísimo cuerpo normativo. De tal manera que es largo el camino por recorrer para poder hablar con propiedad de un país, el nuestro, dotado de todos los elementos propios que garanticen un verdadero derrotero en materia de salud mental.
Por ello, es importante que desde el Congreso se le dé trámite a importantes iniciativas que han sido radicadas para abordar el tema; entre ellas el proyecto que “busca garantizar la salud mental de los colombianos, como consecuencia de los trastornos y/o discapacidades mentales, transitorias o permanentes, que se hayan generado a raíz de la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19”; así como el que busca promover la educación socioemocional en las instituciones educativas del país para prevenir conducta de riesgo.
