Pese a los diferentes roles que la mujer desempeña en la sociedad, desde su papel de esposa, madre, amiga, líder, empresaria y política, vemos con mucha preocupación que es recurrente los diferentes tipos de violencia a los que se ve sometida, partiendo desde el escenario de la violencia de género que puede ser, “de tipo sexual, físico, psicológico y económico, y puede darse tanto en el espacio público como en la esfera privada”, de acuerdo con lo señalado por la agencia de la ONU para los refugiados.
Sin embargo, a estos tipos de violencia se le suma la violencia política, un flagelo que vienen padeciendo desde tiempo atrás algunas mujeres que con esfuerzo participan en los diferentes escenarios de poder, pero que, a la fecha, no ven garantías y encuentran vulnerados sus derechos.
Este es un tema que quiero traer a colación y en el que me quiero centrar, porque, desde mi experiencia como mujer y como líder política, el camino para lograr ocupar una alta dignidad que nos permita representar a quienes nos eligen se hace cada vez más difícil y, por ende, son cada vez menos las mujeres que quieren participar en una contienda electoral. Mujeres que se forman y se capacitan constantemente para desempeñar cargos y roles con altura, mujeres que desarrollan diferentes tipos de trabajo y activismo para defender los intereses de las comunidades, pero mujeres que, tristemente, muchas veces son usadas para rellenar las listas de algún partido o a las que simplemente se les niega un aval.
Las cifras sobre violencia política entregadas por la Misión de Observación Electoral (MOE), en su última encuesta, señalan que “el 83% de las mujeres candidatas a las elecciones legislativas del 2022 habían sido víctima de este tipo de violencia y que, de 516 vulneraciones registradas en los primeros 11 meses del calendario preelectoral, 137 de estas corresponden a agresiones contra lideresas políticas, sociales y comunales”.
A propósito, quiero mencionar una importante iniciativa que fue aprobada en último debate en el Congreso y que fue liderada por un número importante de mujeres senadoras y representantes a la Cámara, cuyo objeto es “establecer medidas para la prevención, atención, rechazo y sanción de la violencia contra las mujeres en política, a fin de asegurar que ejerzan plenamente sus derechos políticos y electorales y participen en forma paritaria y en condiciones de igualdad en todos los espacios de la vida política y pública incluidos los procesos de elección, participación ciudadana y representación democrática y en el ejercicio de la función pública en todos los niveles, especialmente tratándose de los cargos de elección popular y los ejercidos en los niveles decisorios de las diferentes ramas del poder público y demás órganos del Estado”.
Celebro que esta iniciativa haya sido aprobada en el Congreso porque es indispensable que exista una ley como esta, teniendo en cuenta que es una deuda que el país tiene con el género femenino que día a día trabaja por conseguir una representación digna en cualquier cargo de elección popular en el escenario político electoral.
El llamado es para que, desde los diferentes partidos políticos existan los protocolos pertinentes para la prevención de la violencia en contra de la mujer que forman parte de estas colectividades en aras de no limitarlas y darles garantías e igualdad de condiciones.
