Con suma preocupación vemos como se acrecienta, en diferentes ciudades del país, el fenómeno de la mendicidad infantil; por supuesto, en unas épocas más que en otras, tal como lo vivimos el pasado mes de diciembre en Barranquilla y lo seguimos padeciendo a la fecha.
Y es que, si bien el flagelo de la mendicidad está ligado a factores como pobreza, desigualdad, desplazamiento forzado, migración, falta de oportunidades en empleo y educación, entre otros, lo que hoy estamos observando en ciertos sectores es el aprovechamiento de algunos padres en condiciones de vulnerabilidad que, lejos de acudir a otras prácticas para mejorar sus condiciones de vida y las de sus hijos, instrumentalizan a sus pequeños como objetos para dar lástima y sacar réditos económicos en calles y esquinas muy transitadas.
Son menores que hay que proteger desde su infancia, pues empiezan a normalizar este tipo de conductas que, posteriormente, pueden pasar a convertirse en algún tipo de delito más grave.
El informe ‘Vigilancia Preventiva al Abordaje de la Mendicidad Infantil’, publicado en septiembre de 2021 por la Procuraduría General de la Nación, señala que en Colombia el fenómeno de la mendicidad infantil comenzó en los años 70 y que, en el país, según estimaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hay cerca de treinta mil niños, niñas y adolescentes que pasan la gran mayoría de su tiempo en la calle.
Pese a las gestiones que viene realizando el Ministerio del Trabajo y entidades como el ICBF, la Defensoría del Pueblo, la Policía de Infancia y Adolescencia, así como las secretarías de Gestión Social, para sacar de las calles a los menores y ofrecerles mejores condiciones de vida en cuanto a salud, educación, alimentación, recreación y una atención integral, los esfuerzos y las estrategias terminan siendo insuficientes, por lo que la problemática de la mendicidad infantil debe abordarse desde una mirada holística, en la que juegue un papel importante el diseño de políticas públicas que plasmen las realidades de los territorios debido a que los retos para superarla son enormes.
Aquí es clave la articulación de todos los entes, principalmente para que se sigan estableciendo programas de ayuda y acompañamiento psicosocial para estos menores y sus familias, de tal manera que los padres comprendan que desde otras instancias pueden encontrar formas más dignas de ganarse la vida y ofrecerles un mejor bienestar a sus hijos.
El Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 20, protege a los menores de edad contra la mendicidad; sin embargo, hay que seguir fortaleciendo la legislación colombiana en cuanto a la protección y la no vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, por lo que hay que redoblar esfuerzos para superar la mendicidad infantil. Este debe ser no sólo uno de los principales retos del Gobierno nacional iniciando este 2023, sino también uno de los grandes retos del Congreso de la República y de los entes territoriales en una cruzada porque este flagelo no se siga incrementando en el país.
