La región Caribe, particularmente, tiene todo el potencial, la historia y la gente para resignificarse como una despensa alimentaria de gran importancia tanto a nivel nacional como internacional. A través de adecuados arreglos institucionales y con la tecnología indicada, esta zona podría potenciar su producción alimentaria y de bienes finales, dinamizando la economía y logrando mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La historia de Colombia ha estado atravesada estructuralmente por los conflictos alrededor de la tenencia y el uso de la tierra. Desde los tiempos coloniales, pasando por la posterior violencia entre liberales y conservadores, hasta los tiempos más recientes donde guerrillas y paramilitares se mezclaron con el narcotráfico y otras economías ilegales, la tierra ha sido un elemento central en el surgimiento de disputas armadas.
Como consecuencia, el campo colombiano se ha empobrecido abismalmente. Actualmente, alrededor de 12 millones de personas viven en zonas rurales -cerca del 26% de la población nacional-; de ellos, el 62% vive en la pobreza y el 22% en la pobreza extrema o la indigencia. Asimismo, la concentración de la tierra -fenómeno también de vieja data- no ha permitido que el campo sea aprovechado en su máximo potencial: según Oxfam, para 2018 el 1% de las fincas de mayor tamaño tenían en su poder el 81% de la tierra colombiana, y en ellas generalmente existe una ganadería poco tecnificada y poco productiva.
La reforma agraria anunciada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ya viene avanzando en la titulación de predios de procesos antiguos, que anunció la entrega de predios incautados por la SAE, que prometió la compra de tierras bajo las reglas del mercado, y que ya parece haber alcanzado consensos con el sector ganadero -sin duda un elemento muy necesario-, tiene que además centrarse, especialmente, en presentar una propuesta de productividad para la ruralidad.
No es un asunto menor: decidir la forma en que se va a utilizar la tierra implica la convergencia de grandes y de pequeños, el establecimiento de modelos que logren beneficiar a todos, el acuerdo entre imaginarios disímiles, la entrega de bienes públicos, etc. Es un reto que incluso puede ser mayor a la actual empresa de redistribuir y permitir el acceso a la propiedad de la tierra. Pero, al mismo tiempo, es una oportunidad gigante, pues tras la pandemia del Covid-19, apostarle a la productividad rural se traduciría en mejores resultados en lo referente a la reactivación económica.
Y es que según estudios, la productividad laboral de la agricultura colombiana se ha mantenido durante los últimos 20 años por debajo del promedio de América Latina y es una de las más bajas del mundo. Ya es momento de revertir el estancamiento que ha tenido el agro en nuestro país, desaprovechando los suelos, los recursos, los conocimientos y el capital humano con los que se cuentan.
La región Caribe, particularmente, tiene todo el potencial, la historia y la gente para resignificarse como una despensa alimentaria de gran importancia tanto a nivel nacional como internacional. A través de adecuados arreglos institucionales y con la tecnología indicada, esta zona podría potenciar su producción alimentaria y de bienes finales, dinamizando la economía y logrando mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se espera ver reflejada la preocupación manifestada en campaña por la seguridad alimentaria, y su subsecuente materialización en planes y programas que tengan en el foco la producción alimentaria. La entrega de tierra debe ir acompañada por políticas que promuevan un adecuado uso de la misma.
