Para nadie es un secreto que el tema de las drogas y el microtráfico ha venido aumentando -especialmente en ciudades capitales- y donde las principales víctimas son nuestros niños, niñas y adolescentes.
Pese a que reconocemos los grandes esfuerzos del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y demás entidades competentes para prevenir y reducir los altos índices de consumo de sustancias psicoactivas, el panorama es desalentador en las regiones.
En el país existe -desde el 2007- una Política Nacional para la Reducción del Consumo de Drogas, así como el ‘Plan Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Atención del Consumo de SPA 2014 – 2021’. Sin embargo, aunque estos importantes programas aportan a combatir este flagelo, es triste contrastar que no se estén surtiendo significativos avances en los departamentos.
Una frase del informe ‘Reporte de Drogas de Colombia’, publicado en 2015 por el Ministerio de Justicia, a través del Observatorio de Drogas del país, confirma la preocupación que a muchos nos asiste hoy y es que “con el aumento del consumo de drogas ocurre el fenómeno del microtráfico y narcomenudeo que se hace cada vez más visible y tiene repercusiones en el ámbito de la seguridad y la convivencia ciudadana”.
Tal afirmación es la cruda realidad de lo que hoy se vive en Barranquilla y el Atlántico, en donde no han sido suficiente las medidas implementadas y urgen verdaderos programas y políticas que mitiguen y erradiquen de fondo tal problemática.
Esto, por supuesto, pone sobre la mesa un debate álgido que no se ha dado y que debería darse. Habría que preguntarnos ¿cuál es el rol que están desempeñando las autoridades locales en este sentido? ¿Qué programas o políticas públicas se han estructurado y puesto en marcha para reducir los índices de consumo y combatir el microtráfico y menudeo? ¿Están actualmente estos planes o programas arrojando grandes resultados? ¿Existe un verdadero seguimiento, control y evaluación a los mismos? ¿Existe un real acompañamiento a las familias de menores y adolescentes que están inmersos en las drogas? y ¿A qué tipo de oportunidades pueden acceder estas personas para alejarlos de este vicio y de grupos de pandillas?
Los interrogantes son muchos, pero las alarmas se encienden cuando vemos que otras estrategias vienen siendo implementadas por los traficantes de estas sustancias alucinógenas para seguir expandiéndose en este ilegal negocio sin medir el daño que causan, principalmente, a nuestros menores, adolescentes y a sus familias.
Son precisamente las famosas ´Nochadas’ clandestinas las que ahora surgen para envolverlos en la cadena del consumo, luego volverlos clientes adictos, esos que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conseguir la droga. De ahí sólo hay un paso para entrar a delinquir, lo que luego se traduce en aumento de la inseguridad.
Es claro que existen unos problemas que son de fondo y donde lo grave del asunto es la presencia de menores de edad en estas fiestas ilegales, expuestos a un entorno complejo donde lo que prima son estas sustancias psicoactivas, la rumba y el sexo. Ante este escenario, ¿qué tanta responsabilidad tienen los padres de familia en las actuaciones de sus hijos? y ¿cuál está siendo la participación del Estado en programas o políticas que protejan y no permitan la vulneración o amenaza de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Como madre me duele todo este tipo de situaciones y mi llamado es a los padres de familia y a las autoridades locales. A los primeros porque son quienes deben velar principalmente por el cuidado y la atención de sus hijos. El hogar es el entorno donde debe primar la buena comunicación y los buenos valores. Y a los segundos porque tienen que ofrecer garantías para la protección de los menores. Ellos deben ser objeto de control y vigilancia.
Para esto también es importante, entre otros aspectos, que:
- Los entes territoriales velen por el efectivo cumplimiento de los postulados de la ley 745 de 2002 que sanciona el consumo de estupefacientes o sustancias que producen dependencia con peligro para los menores de edad.
- Hagan cumplir la ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, que busca garantizar a los niños, niñas y adolescente su pleno y armonioso bienestar desde todo punto de vista. Si se es infringido este código en sus disposiciones deberá remitirse a los menores -sin excepción alguna- a las autoridades competentes para que se les aplique las medidas de protección y/o corrección.
- Las familias deben tener mayor grado de responsabilidad e implementar más medidas de protección con sus hijos tanto en los espacios de interacción real como los virtuales.
- Que se fortalezca la capacidad institucional de respuesta sobre el consumo de droga de alcohol en nuestro menores y la ciudadanía en general. Lo anterior, debido a que esto nos está llevando a los altos índices de criminalidad e inseguridad en todo el departamento.
- Mayor rigurosidad en el plan de protección integral a niños, niñas y adolescentes que lleva a cabo la policía de infancia y adolescencia en el departamento, especialmente, en el ámbito de la prevención.
