Este mes -tan especial para todos los colombianos por lo que representa la niñez y la conmemoración de su día en nuestro país- paradójicamente inició con la tragedia de una magnitud que aún no alcanzamos a dimensionar.
Lo ocurrido en Mocoa, Putumayo, ha encendido las alertas en las diferentes regiones del país. Y no es para menos, muchas zonas ribereñas y costeras hoy se encuentran amenazadas y el riesgo es latente producto de las fuertes y constantes lluvias.
Para el caso del Atlántico, nuestros esfuerzos se han concentrado en el llamado permanente que hemos hecho, como bancada, al Gobierno Nacional para que las obras que se adelantan, en el sur de este departamento, avancen rigurosamente con el fin de prevenir una nueva tragedia como la ocurrida en el 2010 con el rompimiento del Canal del Dique.
Y son precisamente estas situaciones, que uno no quisiera que se presentaran, pero que ocurren inesperadamente, las que nos llevan, desde el Congreso de la República, a llamar la atención seriamente sobre la falta de prevención, identificación y tratamiento de riesgos ambientales y capacidad de respuesta del Estado para estas calamidades.
Ante tan complejo panorama, sería bueno preguntarnos ¿con qué instrumentos contamos y con cuáles no en lo referente a planificación urbana y ordenamiento del suelo y de las zonas marinas, costeras e insulares del país?; así como la relación que hay entre los temas ambientales y los de planeación en nuestras políticas publicas territoriales, de forma que se eviten este tipo de catástrofes.
A lo largo de mi ejercicio social y político e identificado que a pesar de que el país cuenta con muchos sistemas de información en cuanto a la atención, prevención, mitigación y planes de atención de desastres, estos no han sido suficientes. Es por ello que, desde el legislativo, hemos radicado el Proyecto de Ley 097 de 2016 “Por medio del cual se dictan normas sobre la ordenación integrada de las zonas marinas, costeras e insulares del territorio colombiano, se promueve su preservación y uso sustentable”, cuyo propósito es establecer un marco de ordenación integrado de estas zonas y, a su vez, que se promueva efectivamente la preservación y el uso sustentable de las mismas.
Desde que llegamos al Congreso de la República hemos estado interesados en que se fortalezcan, desde todo punto de vista, las estrategias de prevención, mitigación y control de la erosión en todos los municipios costeros y ribereños, de forma que se propenda por la seguridad habitacional y el bienestar y desarrollo de las poblaciones asentadas en estas zonas.
Así mismo, con este Proyecto de Ley, que hoy hace su tránsito en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, se contribuiría con el fortalecimiento de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia – PNAOCI, que a pesar de existir desde el año 2000, ha sido poco eficiente en cuanto a cumplimiento, seguimiento y resultados.
La invitación es para que mis compañeros, tanto de cámara, así como de senado, nos acompañen en el proceso de esta gran iniciativa debido a la ausencia de un funcionamiento coordinado y planificado de los distintos actores sobre nuestras franjas ribereñas y costeras, lo que ha contribuido a que se desencadenen estas tragedias. El tema no da espera y lo ocurrido en Mocoa, Putumayo, no puede repetirse en ninguna otra parte del país.
