Por mandato constitucional y legal, cada cuatro años, tras la elección de un nuevo gobierno nacional, este debe elaborar un Plan Nacional de Desarrollo en el que se plasmen las metas, los objetivos y los lineamientos estratégicos de política pública que pretende adelantar durante su mandato, así como los instrumentos financieros y presupuestales para alcanzar tales objetivos.
Esta hoja de ruta, que está compuesta por el articulado, las bases y un plan de inversiones, debe, posteriormente, entrar al Congreso de la República para su discusión y aprobación. Con seguridad, esta semana se surtirá esa fase, cuando las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara empiecen las sesiones para dicho efecto.
El gobierno del presidente Petro estructuró su Plan Nacional de Desarrollo a partir de cinco ejes de transformación: 1. Ordenamiento del territorio a partir del agua, 2. Seguridad humana y justicia social, 3. Derecho humano a la alimentación, 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática y 5. Convergencia regional. Se trata, tal como se lee en las bases, de elaborar un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias económicas, sociales y ambientales, así como de exclusiones históricas, teniendo como punto de partida el territorio, y específicamente el agua, de forma que la estructura productiva del país sea cada vez más descarbonizada, limpia y sostenible.
Para algunos expertos, este Plan trae un cambio de enfoque sectorial a otro que busca soluciones más integrales, orientando asignaciones presupuestales por estrategias y proyectos básicos hacia la población más vulnerable, buscando generar dinámicas de acople entre lo rural y lo urbano, y desde una óptica participativa de abajo hacia arriba. Los diálogos vinculantes que se observaron antes de la radicación del Plan, son evidencia de ello.
Así pues, a partir de estos ejes de transformación, el Plan Plurianual de Inversiones, que es donde se materializan los proyectos de inversión regional, prevé líneas de inversión departamentales.
Para el Atlántico, dada su posición geográfica y su fuerte relación con el Río Magdalena y el Mar Caribe, el Canal del Dique, y los diferentes sistemas de embalses, una de las inversiones más fuertes que se prevé tiene que ver con el eje del ordenamiento del territorio alrededor del agua. De esa forma, se observan proyectos estructurales como la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique; la recuperación, protección y revitalización de los mares y costas; la restauración y conservación de ecosistemas de humedal del departamento y la Ciénaga de Mallorquín; el desarrollo de proyectos para la gestión integral alrededor del Río Magdalena para combatir el cambio climático en las poblaciones aledañas; dragado de mantenimiento al Puerto de Barranquilla.
También se contempla una inversión importante con relación a la transformación productiva, de forma que se observan proyectos relacionados con la compra de tierras para la reubicación de personas afectadas por la ola invernal, así como la implementación de programas productivos en dichas tierras.
Todos estos proyectos están a su vez concadenados a estrategias regionales de inversión, que responden a los ejes de transformación.
En ese orden de ideas, el Atlántico será uno de los escenarios de mayor relevancia para la puesta en marcha de la visión que el actual gobierno tiene frente a la protección del medio ambiente y la transformación productiva.
El reto, sin duda, está en poder movilizar en el territorio a todas las instancias económicas, sociales y políticas que deberán ponerse en coordinación para ejecutar estas estrategias más integrales y de impacto más amplio y regional. La creación de gobernanzas alrededor de problemas públicos bajo nuevas perspectivas, implicará el desarrollo de nuevas capacidades institucionales y sociales.
