El debate sobre las tarifas continúa. Para nadie es un secreto que, durante el último año, el mundo ha comenzado a experimentar la fuerte crisis económica que deja una pandemia sin precedentes.
En Colombia, esta recesión ha traído consigo serios problemas que han disparado el índice de precios al consumidor (IPC), incluyendo variaciones que superan el 10,84%, la cifra más alta registrada hace 23 años.
Consecuentemente, esta carestía ha sido proporcional al considerable aumento de las tarifas de energía en todo el país, las cuales actualmente se sitúan en el 25,9%, es decir, más del doble de la inflación y el alza de salarios en el territorio nacional.
Sin embargo, el Caribe sigue siendo el gran centro de discusiones. Aquí, el aumento es mayor que el de toda Colombia. Con promedios que van desde el 49,9% de aumento de los costos en Santa Marta, pasando por el 44,4% de Barranquilla y llegando hasta el más bajo, Cartagena, con 39,2%. Aún sigue siento insólito, que incluso en el índice más bajo, la región continúe superando por más del 10% la media nacional.
Las razones del, ¿por qué el Caribe posee las tasas más altas de cobro de servicios energéticos?, son diversas, y algunas de ellas depende a factores externos como el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el cual los precios del gas que proviene de esta parte del mundo se ven gravados, y por ende, la energía que depende en gran parte de este insumo se ve puesta en alza.
Sin embargo, a esto se suman las problemáticas propias del servicio, tales como el mal estado de las redes, la falta de competitividad en las tarifas y el tan mencionado tema de las perdidas, que por cuenta de los robos de energía y las fallas del sistema, estos costos terminan redistribuyéndose entre los usuarios regulares.
Ahora bien, ante el acuerdo del paquete regulatorio entre el Gobierno nacional, las empresas de servicios públicos y la Creg para la reducción de las tarifas, aún hay varios puntos que no han sido tenidos en cuenta.
Primero, continúa siendo prioritario fijar la atención en, ¿cómo se manejarán los cobros de las perdidas?, entendiendo que el distribuidor también es responsable de estas fallas y debe asumir parte de estos sobrecargos.
Segundo, es pertinente reiterar la necesidad de priorizar las obras que el Caribe requiere, especialmente las de interconexión nacional y la normalización eléctrica de muchos sectores.
Y tercero, es ineludible el seguimiento a los compromisos pactados desde el Ministerio de Minas y Energía y la Creg para que las empresas generadoras y comercializadoras renegocien los contratos en beneficio de los usuarios.Revisando y modificando las condiciones del negocio con Air-e y Afinia.
Finalmente, el Caribe ha demandado por años garantías no solo en la calidad de la prestación del servicio, sino en cobro justo de sus tarifas. Por lo que, la solución debe ser técnica, sustentada y sin más dilatación, y el Estado, debe asumir su responsabilidad con nuestra región.
