Ante estos escenarios, es claro que en Colombia no se puede continuar con la ya vieja dinámica de estar diluyendo la responsabilidad frente a la política de prevención del riesgo. El país debe dejar de solo reaccionar a las emergencias, e iniciar un profundo proceso de gobernanza que involucre a los diferentes niveles de gobierno y a toda la sociedad civil. La mitigación, sobre todo, es planificación. Y planificación conjunta.
Pasa el tiempo y la trágica historia se repite. Cada año, con la llegada de una nueva ola invernal, volvemos a presenciar las inundaciones y los deslizamientos que arrasan con todo a su paso, y que dejan una estela de muerte y miseria en todo el territorio nacional.
El país parece haber llegado a un cúmulo máximo de inacción, improvisación y descoordinación que impide la puesta en marcha de una efectiva prevención del riesgo, y que, por tanto, aumenta exponencialmente la vulnerabilidad de las poblaciones.
Y es que si bien Colombia, por su posición geográfica, es susceptible a precipitaciones durante casi todo el año, lo cierto es que los desastres que reiteradamente observamos tienen un fuerte componente antropológico. La mala planificación del territorio, la construcción de barrios y de ciudades bajo criterios de ingeniería muy precarios, la deforestación de las cuencas, entre otros, están sin duda en el centro de las desgracias que cada vez se presentan con mayor potencia.
De acuerdo con la UNGRD, en este año se han presentado 2.707 emergencias en 32 departamentos y 754 municipios. Hay un total de 205 fallecidos, 281 heridos, 53 desaparecidos y 496.000 personas afectadas que conforman 149.000 familias. También se ha afectado la infraestructura, con 5.858 viviendas destruidas, 77.816 casas averiadas, 2.236 afectaciones en vías, 19 centros de salud, 247 centros educativos, 57 centros comunitarios y en 23.518 hectáreas de tierra. Solo en el departamento del Atlántico se registran más de 10 mil familias damnificadas. Piojó, Puerto Colombia, Sabanalarga, Luruaco, Repelón, Tubará, Ponedera, Sabanagrande han concentrado la atención humanitaria de las autoridades locales.
Con todo, el panorama es todavía extremadamente desafiante en el corto plazo. Según el IDEAM, se estiman altas probabilidades de que en el trimestre noviembre 2022 – enero 2023 se presenten precipitaciones superiores al 20% respecto a los promedios históricos en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Sucre, norte de Córdoba, norte de Chocó, y en gran parte de las regiones Andina y Orinoquía.
Ante estos escenarios, es claro que en Colombia no se puede continuar con la ya vieja dinámica de estar diluyendo la responsabilidad frente a la política de prevención del riesgo. El país debe dejar de solo reaccionar a las emergencias, e iniciar un profundo proceso de gobernanza que involucre a los diferentes niveles de gobierno y a toda la sociedad civil. La mitigación, sobre todo, es planificación. Y planificación conjunta.
El presidente Gustavo Petro decretó el estado de desastre natural y anunció un fondo con 2.1 billones de pesos para la atención de las amenazas. Estos recursos son una oportunidad para que desde la institucionalidad se realicen inversiones integrales, y para que se movilicen adecuadamente a todos los actores que, según la ley, están involucrados en los procesos de mitigación y atención del riesgo. Sin duda, enfrentar esta problemática es una situación que nos incumbe a todos.
