Históricamente, en Colombia la violencia se ha desarrollado en su mayor parte en las áreas rurales, consecuencia de un conflicto armado que por más de cinco décadas desangró nuestro país. Si bien la firma e implementación del acuerdo de paz con las FARC, ha disminuido significativamente los índices de violencia relacionados con el conflicto armado, en años recientes la mayor parte de la violencia ha migrado a las zonas urbanas.
El matrimonio del narcotráfico con las guerrillas y el paramilitarismo, hizo posible la expansión de estos grupos ilegales, a tal punto que en los años de 1991 a 1996, aproximadamente el 41% de los ingresos de las FARC provenian del narcotráfico (470 millones de dólares), y a su vez el 70% (200 millones de dólares) de los ingresos de las llamadas Autodefensas Campesinas de Colombia eran gracias a ese vínculo. (Departamento Nacional de Planeación).
El fenómeno de violenca se transformó debido al fin del conflicto, ya que los actores príncipales que se encontraban vinculados con el narcotráfico desaparecieron o cambiaron de escenario, por lo que éste migró a otras redes ilegales de grupos criminales.
Nos quedó una situación de seguridad muy distinta, ahora es necesario enfrentar a las mafias criminales cuyos principales motores son el narcotráfico y el microtráfico quienes participan en todas las cadenas de delitos, desde la extorsión hasta el hurto común.
El incremento del microtráfico en las ciudades se ha convertido en un factor que afecta la salud pública, la seguridad ciudadana y dispara el delito. Las bandas llegan a apropiarse de la criminalidad en las zonas que se sitúan, en el nivel más visible impacta en la apropiación del espacio público donde se ubican puntos de expendio y zonas de consumo; paralelamente, genera procesos de control territorial que desencadenan en delitos como homicidios, extorsiones, utilización de menores de edad y robos.
Pero la lucha contra las bandas criminales en Colombia, no puede ser manejada de igual forma como el Gobierno Nacional manejó la problemática con las guerrillas. La clave está en fortalecer la investigación criminal y judicialización.
Desde el Congreso, debemos abrir el debate público frente al modelo del Sistema Penal Oral Acusatorio que tenemos actualmente, ¿es el adecuado? ¿reconoce la complejidad de nuestra sociedad? ¿posee las herramientas suficientes?.
De igual manera, debemos actuar para fortalecer el sistema actual, es necesario que el Gobierno haga un esfuerzo presupuestal para brindar las herramientas que hoy se encuentran muy lejanas a ser las idóneas.
La realidad colombiana cambió, los operadores judiciales que son los fiscales y jueces, no dan abasto con la cantidad de procesos que deben llevar a lo largo del año. Apróximadamente, cada uno lleva 2.500 procesos que en numerosos casos faltan pruebas o se vencen los términos, y los capturados quedan en libertad. Es un desgaste en operatividad policial que no se ve compensado con los resultados judiciales.
Las bandas criminales no pueden seguir visibles y desafiantes en el mapa de la ilegalidad de Colombia. Mucho menos si se pretende acabar el narcotráfico y construir una paz estable y duradera.
El nuevo paradigma del conflicto urbano plantea un gran reto, las mafias no se combaten con policías en las esquinas, se golpean judicialmente, con inteligencia policial, cámaras de seguridad, infraestructura, policía judicial y comunicación.
Es evidente que la única posibilidad es aceptar el desafío y solidarizarnos para defender por las vías democráticas la sociedad en que queremos vivir.
