Indignación, rabia e impotencia. No hay calificativo para describir la tristeza que nos embarga -a nosotros como padres- el dolor que gente desalmada y sin corazón le causa a los seres más dulces, tiernos e inocentes de este país, nuestros menores.
Y hablo de impotencia porque, a pesar de venir trabajando y apoyando iniciativas legislativas para insistir con penas ejemplarizantes ante este tipo de conductas y abusos que vulnera los derechos de la niñez, y en el peor de los casos terminan con sus vidas, aún proyectos como el de cadena perpetua o el de la castración química para violadores de niños están lejos de ser una realidad en Colombia.
Duele ver y escuchar noticias como el caso ocurrido recientemente en el barrio Santa Fe (en Bogotá), en el que una niña de 3 años se encuentra en delicado estado de salud. Lo más triste de este episodio es que la menor está sola en un hospital de la capital, un tema que tiene conmocionado al país y cuyas investigaciones aún no arrojan mayores resultados que permitan esclarecer lo ocurrido.
Como congresista uno puede entender que la dinámica para la aprobación de las leyes en el país, en ocasiones resulte lenta, pero lo que como madre no puedo entender ni aceptar, es que su núcleo más cercano, en este caso la mamá, podría estar involucrada en el tema.
Pese a que no se conoce una estadística exacta sobre casos de violencia y abuso sexual en menores, porque no todos son denunciados, recientemente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), señaló que en el primer trimestre del 2018 “se han atendido 5.870 menores de edad, en promedio 66 a diario, víctimas del maltrato verbal y psicológico, abuso sexual, la explotación sexual comercial y la trata de personas”.
Ante unas estadísticas que en vez de disminuir aumentan cada año, ante un trámite legislativo que avanza muy lento -pese al esfuerzo que hacemos para que el proyecto de cadena perpetua para violadores salga adelante- y ante una problemática que nos muestra, que en la mayoría de casos en los que se cometen abusos a menores de edad los familiares están involucrados, las autoridades competentes, entre ellas el ICBF, deben trabajar por fortalecer aún más los planes, programas y políticas encaminadas a la protección de la niñez en el país.
Casos recientes como el de la niña de tres años que se encuentra en delicado estado de salud en un hospital de la capital del país no se pueden seguir presentando, sobre todo cuando había unos antecedentes y su caso ya había sido denunciado por la abuela de la menor ante el ICBF.
Esperamos que las autoridades logren esclarecer los hechos lo antes posible. Exigimos resultados pronto en cuanto a la investigación porque este caso no puede quedar impune. ¿Hasta cuándo tendrán que seguir siendo víctima nuestros niños de todo tipo de violencia que vulnera sus derechos? #LasNiñasyNiñosSeRespetan
