A raíz del anuncio hecho por el Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Hacienda y Transporte, sobre la asignación de recursos para la construcción del nuevo puente Pumarejo, celebro tal decisión ya que es un sueño anhelado de muchísimos años.
Este avance tan significativo demuestra el cumplimiento y la seriedad del Presidente Juan Manuel Santos, ya que con esto llega la ola de la prosperidad a nuestro Caribe. Esto va a permitir, desde luego, la navegación de embarcaciones de alto calado por el Río Magdalena, y, con ello, se aumentará la competitividad de la región y el crecimiento económico de su gente.
El actual puente Pumarejo que hoy existe, y que comunica al Atlántico con el Magdalena, es un puente que no permite la navegabilidad de las grandes embarcaciones, por eso, miramos con mucha satisfacción que una promesa de nuestro señor presidente sea una realidad. Esto, por supuesto, generará grandes oportunidades”.
Otro aspecto importante que quiero destacar, y cuya invitación hice a la Ministra de Transporte, Natalia Abello, en la Comisión Sexta de Cámara, de la cual soy vicepresidenta, es que debemos trabajar unidos por una política pública de movilidad. Y hago referencia a este tema porque considero que la navegabilidad por el Río Magdalena debe ser reglamentada para que exista un verdadero control por parte de las autoridades competentes.
Además de este tema, que, sin duda, generará grandes avances para el desarrollo de la Región Caribe, tengo que decir, que desde el Congreso de la República, hemos venido trabajando y liderando otros proyectos e iniciativas de carácter trascendental para el departamento, tales como:
Aeropuerto Ernesto Cortizzos de Barranquilla:
Aunque la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), estableció que el próximo 30 de deciembre se adjudicará la licitación para el manejo y operación de esta importante terminal aérea, los constantes retrasos en la misma me llevaron a citar a un debate de control político, en la Comisión Sexta, ya que considero que de la participación de todos los actores involucrados radicará el éxito de su desarrollo.
Por otro lado, recalqué que la concesión debe ser entregada a una empresa que no solamente tenga el músculo financiero, sino también la experiencia. Esto, debido a que las obras comenzarán a verse en el año 2015.
Electricaribe:
La Región Caribe no puede seguir siendo golpeada por esta empresa prestadora del servicio de energía en la Costa. La problemática no viene de ahora, sino de mucho tiempo atrás y la prestación de este servicio, que no ha sido eficiente, ha provocado diversas reacciones por parte de la comunidad, como frecuentes bloqueos y protestas.
Para tal fin, estamos trabajando y apoyando, desde la Comisión Sexta de Cámara, el proyecto 066 de 2013, que ya está para segundo debate, ‘Por el cual se modifica la ley 142 de 1994 que establece el régimen de los servicios público domiciliarios, y se dictan otras disposiciones’.
Yo soy una convencida de que con la reforma a esta ley le daremos los ‘dientes’ a la Superintendencia de Servicios Públicos para que meta en cintura a estas empresas y protejamos a los usuarios de los abusos y la posición dominante por parte de las mismas, en cuanto a suspensión, corte, reconexión, pago oportuno, competencia de investigación, consumo y facturación.
Vía Parque Isla Salamanca:
La situación de este parque ubicado en el departamento del Magdalena, más exactamente entre las inmediaciones de Barranquilla y Ciénaga, es algo que nos preocupa a los que nos consideramos ambientalistas. Lo anterior, es que a raíz de los constantes incendios a los que esta reserva natural se vio sometida, resultaron afectados no sólo animales, sino también su flora y su fauna.
Aunque el Ministerio de Medio Ambiente ya ha tomado algunas medidas para que Isla Salamanca -que es un ecosistema considerado la única área protegida de Colombia y declarado Parque Nacional por su importante fuente natural- no siga siendo afectado, nos vimos en la necesidad de proponer, ante la Plenaria de la Cámara, un debate de control político al respecto, para pedir una especial atención a esta reserva.
EL GAS PARA EL CARIBE COLOMBIANO
Muchos de nosotros, citadinos de reciente cuño, crecimos en un mundo en el que nos podíamos dar por bien servidos, por todo aquello que recibíamos a medias.
En el campo, nos conformábamos con el hecho de poder contar con un aljibe en el cual recoger las aguas lluvias durante la temporada de invierno y en los meses de sequía, con tener los acuíferos de donde proveernos de aguas pesadas para el consumo humano y animal. Igual, venían desde lejos los animales cargando barriles de agua sacada de las ciénagas y los jagüeyes en donde al tiempo retozaban humanos y animales.
Bien estaban para todos, las letrinas o el traspatio, donde disponer de heces y basuras.
En la oscuridad de la noche, éramos privilegiados los que contábamos con una planta eléctrica que proporcionaba luz hasta el filo de la medianoche, momento en el cual- consumida la ración disponible de diésel o de gasolina- se daba paso a los mechones, a las lámparas de keroseno o de caperuza alrededor de los cuales fluían la conversación y la vida en familia.
Unos estábamos bien, muy bien, con la posibilidad de contar con una nevera y una estufa a gas propano que marcaban las distancias de clase entre nosotros y los que debían tomar agua de tinaja, salar tasajos en los alambres del patio y arriar burros de leña, comprar bultos de carbón vegetal para alimentar las hornillas y los fogones donde preparar los alimentos.
En las ciudades del Caribe, las cosas no eran mejores.
Las dificultades eran las mismas y, en algunos casos, mayores.
La mala calidad del agua producida por los acueductos arrastraba a la muerte a millares de niños a causa de enfermedades asociadas con su ingesta cuando esta nos llegaba durante unas pocas horas durante algunos pocos días.
Las pozas sépticas inundaban los espacios domésticos de moscas y cucarachas haciendo anhelar la vida del campo y el viaje a las fincas donde las dimensiones de aquellas instalaciones para la disposición de excretas eran manejables para el control de bichos y alimañas. Las aguas de las cocinas, lavaderos y duchas corrían por las calles de las barriadas de forma tal que las ciudades de la Costa Caribe olían a lo mismo: a aguas de albañal.
Los apagones hacían de las noches y los días, del trabajo, el jolgorio una experiencia insufrible.
Las interminables colas para adquirir los tanques de gas propano, los galones de agua potable y los bidones de petróleo, eran parte del paisaje urbano y de los rituales ciudadanos en la Costa Caribe, como lo eran los millares de gallinazos que revoloteaban sobre los basureros a cielo abierto, dispuestos en cualquier parte y de cualquier manera.
Nacimos y crecimos en los tiempos en los que nos parecía que eran mentiras las historias de los estudiantes provincianos que, al regresar de Bogotá, Cali o Medellín, nos contaban que por allá no habían apagones, que el agua nunca faltaba, que las basuras eran recogidas puntualmente y que en esas ciudades los gallinazos no se asoleaban en las cumbreras de los techos.
No entendíamos cómo era posible que existieran esas diferencias.
Los de mi generación terminamos convencidos de que todo se debía al “centralismo cachaco”. Era una manera de defendernos de la realidad del atraso de nuestra dirigencia.
En el caso de Barraquilla, de manera ingenua y elemental, llegamos a decir que todo había empezado a deteriorarse el mismo día en el que el gerente de los Banqueros de Chicago- Samuel Hollopeter- abandonó la ciudad luego de haberse pagado hasta el último de los centavos correspondientes al empréstito con el que se financiaron la modernización urbanística, los servicios públicos, las plataformas de logística comercial y de tecnologías de comunicaciones y de conectividad que facilitaron el mercadeo urbano de la ciudad. Se decía y se creía que solo un hombre providencial podía restablecer la grandeza perdida.
Afortunadamente, los tiempos cambiaron sin que fuera necesaria la intervención de un héroe mítico.
Los citadinos, los usuarios de las Ciudades del Caribe Colombiano, sin distingo de tamaño o de importancia, aprendimos a no conformarnos con cualquier cosa.
Aprendimos que teníamos derecho a contar con unos servicios públicos con cobertura universal, oportunos, con óptima calidad y a precios razonables.
Nuestros hijos nacieron y han crecido en un mundo cómodo, sin saber de las penurias y de las dificultades de vivir en ciudades empobrecidas, en las que no se asientan empresas porque en ellas se prestan servicios públicos de mala calidad, intermitentes e impagables y las diferencias sociales no las determinan los ingresos de las personas sino el acceso a bienes y servicios básicos.
Ese aprendizaje, además de los avances y logros innegables referidos a los temas de agua potable y saneamiento básico, de transporte comunicaciones y de suministro de energía eléctrica, tuvo que ver con los asuntos y hallazgos minero- energéticos.
Un día, las gentes de la Costa Caribe, tuvimos conciencia de que nuestro territorio contenía en sus entrañas las claves para la solución de los problemas de nuestro desarrollo: el níquel, el gas y el carbón.
Nos hicimos a la idea de que el gas natural haría posible detener la deforestación, que estaba modificando el clima, alterando los ciclos del agua y comprometiendo la sostenibilidad de la vida misma.
Las Región Caribe se llenó de nuevas redes conductoras del combustible desde los centros de producción hasta los hogares urbanos y rurales.
Creímos que con el gas natural podríamos disminuir los niveles de la contaminación urbana generada por los motores convencionales; llegaron las tecnologías que hicieron posible que centenares de miles de vehículos de transporte público y privado migraran del motor a gasolina y diesel al de combustión de gas natural comprimido, con significativos ahorros que se reflejaron en la tarifa y en los fletes para la movilización de carga y de pasajeros.
Tuvimos con el gas natural, la oportunidad de construir sociedades más democráticas y condiciones de vida más igualitarias en nuestra Región.
Y en mucho lo conseguimos.
En su momento, como no había ocurrido nunca antes, los caribeños empezamos a jugar un papel en la geopolítica internacional apoyados en un recurso que, en términos de intercambio, resultó tanto o más importante que los mismos crudos pesados. Y el erario regional comenzó a engrosarse con recursos provenientes de regalías de minerales, de gas y carbón.
Sin embargo, no nos percatamos de que no éramos los caribeños quienes jugábamos en el tablero global sino otros que, bajo la egida de los intereses nacionales, decidieron y siguen decidiendo en función de los mismos, considerando como subalternos los propios de las Regiones Productoras.
Tales fueron la suscripción y la renovación de los contratos y los convenios de suministro e intercambio de gas y combustibles con Venezuela. Los Costeños perdimos la capacidad y la autonomía para controlar las variables del mercado a nuestro favor y quedamos a expensas de dinámicas especulativas gracias a las cuales la formación del precio del gas en boca de pozo, va en contra de nuestros intereses. No gana el Estado, que es el dueño del mineral que está en el subsuelo; no gana el territorio en el que se efectúa la extracción, no gana el comercializador, no gana el usuario de usos domiciliarios; pagan en exceso el comerciante y el industrial. Solo gana el concesionario explotador.
Los dirigentes del Caribe fuimos incapaces de defender el derecho a privilegiar los intereses de las regiones productoras y de los consumidores de los sectores más pobres, al momento de interpretar y modelar el comportamiento de los mercados de usuarios.
A eso pueden haber contribuido dos entre muchas otras circunstancias.
Una fue la debilidad del sistema técnico, tecnológico de la región en materia de talento humano para la gestión, modelamiento y gestión de los mercados de energía. Eso, bien pudiera ser cierto. Pero, la mayor y más grave fue, y sigue siendo, la del aparataje regional, político administrativo e institucional, con capacidad de intervenir en nombre del Estado para restablecer los equilibrios perdidos.
No de otra manera puede entenderse nuestra baja capacidad para anticipar los problemas que en materia de gas hoy nos aquejan al punto “de que estamos a la merced de las fuerzas ciegas del mercado”, y que el Gobierno parezca haber sido sorprendido por lo que él mismo engendró, aprobó y puso a funcionar a contrapelo de las líneas estratégicas que esbozó a través de sus políticas de superación de la pobreza, competitividad, equilibrio entre regiones y crecimiento económico con sostenibilidad ambiental.
La mayoría de nosotros, somos políticos; somos usuarios de un servicio público. Sabemos cómo y cuánto golpea la tarifa las finanzas públicas, los ingresos y las utilidades empresariales, el bienestar de los trabajadores. Nosotros sabemos cuánto afectan las tarifas de los servicios públicos la calidad de vida de las personas- sobre todo la de los usuarios y consumidores más pobres- cuando los productores trasladan el mayor valor pagado al precio de los bienes y servicios que distribuyen.
No es de nuestra experticia la de reemplazar a los Técnicos y a los Científicos en su tarea. Hasta pudiera señalarse como una debilidad el hecho de que poco sabemos del negocio.
Esa “insuficiencia” ha sido usada para sustraer las decisiones de Estado- como esta de las tarifas del gas- de la esfera propia de la política. El consenso de que los políticos no saben hacerlo, ha llevado a colocar esas decisiones en cabeza de una tecnocracia que es, aparentemente, aséptica, incontaminada y neutra cuando realmente obedece a una racionalidad, a un modelo del negocio y a unas categorías para la toma de decisiones que las materializan.
Pareciera que lo legitimo sea que renunciemos a nuestra capacidad para definirle a los técnicos y a los administradores de los problemas, el norte de sus actos y las propiedades que deben llenar sus decisiones para ser justas, equitativas. A los políticos nos han llevado a renunciar al derecho que tenemos para que los técnicos no puedan oponerse a esa capacidad legítima, más allá de lo razonable. En cambio, de manera injusta, nos toca cargar con las consecuencias de sus errores y responder ante la ciudadanía por sus desaguisados.
Por eso, desde aquí y a partir de lo sucedido con el caso de la formación de las tarifas del gas en la Región Caribe, debemos llamar la atención del Gobierno Nacional para revisar los límites de las autonomías legales de organismos que, como la Comisión Reguladora de Tarifas de Energía y Gas, toman decisiones que parecen estar guiadas por un norte que hace de ellos unos organismos más orientados a proteger la rentabilidad de los concesionarios que a ser un instrumento del Estado que contribuya a la estabilidad de la economía, al desarrollo equilibrado de las regiones y a la seguridad y al bienestar humano.
