El pronunciamiento hecho recientemente por el Auditor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, de ponerle una verdadera ‘lupa’ a la contratación regional, es una medida que estaba en mora de realizarse en los diferentes departamentos del país.
Y no es para menos, en Atlántico y la Región Caribe en particular, vemos como algunos sectores, principalmente el de la educación, se ha visto afectado con pésimos servicios en cuanto a la alimentación escolar, producto de la contratación de operadores que no cumplen, en la mayoría de los casos, con los estándares mínimos de calidad.
El total de los dineros destinados a la contratación regional, entre los años 2014 y 2015, según el informe presentado por la Auditoría General y publicado por algunos medios de comunicación, fue de 7,5 billones de pesos, una cifra bastante considerable si se tiene en cuenta que en la práctica, por lo general, los objetos de esas contrataciones no se cumplen.
Celebro personalmente esta medida porque, lo que uno y la ciudadanía espera es que haya mayor transparencia en este tipo de contrataciones que se llevan a cabo en las regiones y que en la mayoría de los casos se dan a través de uniones temporales, un negocio que les permite hacerse a varias contratos y que casi siempre resultan asignados a los mismos oferentes.
Así mismo, quiero destacar el papel fundamental que viene realizando –desde mucho tiempo atrás- la Contraloría General de la República. A la fecha este órgano de control ha dado a conocer importantes hallazgos, específicamente irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Lo anterior ratifica las denuncias que se han venido presentando alrededor de este programa, principalmente por la cantidad de contratos a manos de un solo operador o la figura de un mismo representante legal tanto para fundaciones como para uniones temporales, que lo único que hacen es cambiar la razón social.
Esta es una situación muy lamentable y preocupante desde todo punto de vista y considero que debe haber mayor compromiso por parte de las entidades de control del Atlántico y del Caribe para seguir combatiendo estas malas prácticas que terminan afectando a nuestra niñez.
