Al terminar un mes como mayo, en el que se conmemoró el ‘Día por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual’, es preocupante la denuncia hecha por la Defensoría del Pueblo en la que mujeres y niñas -de 85 municipios y 19 departamentos del país- se encuentran en riesgo de ser sometidas a abusos sexuales.
Tal situación es atribuida, por este ente, a múltiples factores, entre ellos la expansión de grupos armados ilegales y la disidencia de las Farc, que poco a poco han ido ganando espacios y ejercido control en los lugares más apartados del país, donde por lo general, la fuerza pública es insuficiente.
Entre esos departamentos que se encuentran en riesgo también está Atlántico, específicamente las zonas más vulnerables de Barranquilla y su área metropolitana. Allí, las mujeres jóvenes entre 17 y 30 años no están exentas de este tipo de delito, principalmente aquellas que se dedican al comercio informal.
Ante un panorama tan preocupante y complejo, las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo no pueden quedar en el papel, por lo que hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que dé a conocer ¿cuáles serán los mecanismos de prevención que se implementarán? ¿Cuál será el papel de la Fiscalía, del Ministerio de Salud, del ICBF, de la fuerza pública y de los alcaldes y gobernadores, especialmente aquellos cuyas ciudades y municipios son el foco de la delincuencia, la ilegalidad y el narcotráfico?
Recientemente Medicina Legal reveló las cifras de delitos sexuales en contra de menores de edad y mujeres en el país. El panorama no deja de ser desalentador, hasta abril del presente año un total de 5808 mujeres se practicaron exámenes por presunto abuso sexual, de estas 4961 están entre 0 y 17 años. Además, señala este instituto que las más afectadas son las niñas entre 10 y 14 años con 2534 casos.
Pese a que Bogotá es la ciudad donde más casos de abuso sexual se han registrado, la situación en el Atlántico es delicada y viene en aumento. A la fecha se han presentado 285 casos de abuso sexual en menores y 289 contra mujeres.
Ante tal escenario, no nos cansaremos de luchar para que el proyecto de Cadena Perpetua para violadores de menores de edad se constituya en Ley de la República; así como tampoco nos cansaremos de pedirle al Gobierno Nacional garantías para que en Colombia no se sigan vulnerando los derechos de las mujeres que hoy son víctimas de violencia sexual y que claman mayor protección por parte del Estado.
