Ha pasado un mes desde que el Gobierno Nacional sancionó nuestra ley ´por medio de la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad’, conocida en el país también como ‘Ley Sara’, con la cual quisimos dar un debate que estaba pendiente en el país y era que existiera una reglamentación al respecto.
Con la entrada en vigencia de esta ley, el pasado 20 de febrero, ahora el gobierno, a través del Ministerio de Salud, debe implementar, en un término de seis meses (agosto de 2019), la Política Pública de Infertilidad con componentes investigativos, preventivos, educativos, de adopción y de tratamientos y diagnósticos.
Así mismo, la norma señala que luego de establecida la política pública el MinSalud tendrá un año (agosto de 2020) para reglamentar el acceso a los tratamientos y, entre los requisitos, se contemplará la edad, la condición de salud de la pareja infértil, números de ciclos de baja o alta complejidad que deban realizarse conforme a la pertinencia médica y condición de salud, la capacidad económica de la pareja o nivel de Sisbén, frecuencia y tipo de infertilidad.
En Colombia, son 2,5 millones de parejas afectadas, de las cuales aproximadamente 700.000 anhelan un tratamiento de reproducción asistida. Parejas que adelantaban una lucha silenciosa ante el Estado y, en la mayoría de casos, no cuentan con los recursos económicos para acceder a estos costosos tratamientos.
Confiamos plenamente en que el Gobierno Nacional, a través del MinSalud, cumpla con los tiempos estipulados en cuanto a la implementación de la política pública y la reglamentación de la misma para que pronto, las personas que cumplan con los requisitos, puedan acceder a los mismos.
La infertilidad, para la Asociación Médica Mundial “constituye una causa significativa de enfermedades mentales graves”, y para la Organización Mundial de la Salud “afecta a las personas que la padecen, a su entorno familiar y social, y pueden tener profundos efectos psicológicos”.
